En su resolución, el magistrado avaló la licitación de los caños: “todos los señalamientos han sido descartados por no ser ciertos”.
En la resolución Rafecas sostuvo que todos los señalamientos «han sido descartados por no ser ciertos, y concluyó que la Justicia Federal no está llamada a entorpecer o interferir en políticas estratégicas, a partir de denuncias apresuradas que, a poco de andar, se muestran inconducentes para sostener un caso penal».
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