Opinión

«Las obligaciones de los docentes y el caso de la profe k»

Esta semana tuvo entre sus noticias más relevante la exhibición de un video en el que se puede ver parte de una discusión entre alumno y profesora de una escuela de la Matanza, a partir del cual se señaló a la docente por llevar adelante actos de “adoctrinamiento Kischnerista”.

Lamentablemente la polémica fue direccionada en ese sentido, es decir si existió o no un adoctrinamiento por parte de la profesora hacia sus alumnos, sin reparar en otras cuestiones quizás más atendibles, como los son el tono y el vocabulario utilizado por la docente al dirigirse a un alumno en el contexto de un acto educativo.

En lo que respecta al desempeño docente existe una normativa específica que lo rige, brindando una serie de herramientas que buscan evitar excesos y malos tratos en perjuicio de los alumnos. Pero atención, cuando hablamos de excesos no solo debemos pensar en el ejercicio de violencia física o verbal, sino que también puede tratarse de un vínculo excesivamente cercano entre docentes y alumnos que ira en desmedro de un adecuado aprendizaje.

De esta manera además del Estatuto Docente (Ley 10579) en el que se establecen sus derechos y obligaciones, rige también el Reglamento General de Instituciones (decreto 2299/11) en el cual su artículo 41 establece que en su desempeño los docentes no deberán:

Hacer demostraciones que impliquen un afecto o desafecto inapropiados a los alumnos, en el contexto de los usos sociales admitidos (inc. 15)

Agredir física, psicológicamente y/o mediante calumnias o injurias a los alumnos u otros miembros de la Institución (inc. 16)

Descalificar mediante agravio la persona y/o la actuación de cualquier miembro de la comunidad educativa. (inc.17).

Así entonces se han tomado medidas disciplinarias sobre profesores y profesoras que en clase utilizaron un lenguaje inapropiado para verse más cancheros y cercanos a sus alumnos o docentes que se han burlado del aspecto físico de alguno de sus estudiantes, o hasta incluso casos en los que han compartido salidas nocturnas.

Tengamos presente que la relación que los rige se caracteriza por la asimetría, en la que el docente ejerce su función dictando contenidos educativos a sus alumnos, pero además es responsable de su cuidado integral, es decir debe ponerlo a resguardo de cualquier daño ya sea físico como psíquico.

Volviendo específicamente al caso de la profe K, se buscará determinar si existió en su accionar una falta disciplinaria grave, para lo cual debería desarrollarse un procedimiento administrativo conocido como presumario, en el que se recopila la prueba existente, (declaraciones, documentos, informes) y también se le dará la oportunidad de defenderse a la docente “presumariada”. Cumplido ello el Inspector (que además de docente debe ser abogado) elevara un informe con su emisión de criterio (opinión) detallando si en base a los elementos obtenidos se trata de una falta grave, leve o bien manifestando que no se ha tratado de una falta disciplinaria. Mientras todo ello ocurre, a fin de preservar la investigación y porque no a ella misma, la docente es relevada de su cargo (no suspendida), es decir se la cambia de lugar de desempeño asignándole tareas administrativas, evitando que se coloque frente a alumnos, sin afectar el cobro de su sueldo.

Con el tiempo seguramente este caso perderá relevancia y será recordado en alguna que otra oportunidad, como “el caso de la profesora Kisrchnerista», pero lo que no debe generar a los docentes es el miedo a debatir en las aulas, porque si se otorga espacio a los jóvenes para que expresen sus argumentos, escuchen otros, los refuten o los adopten, sin maltratos, gritos ni imposiciones, lejos estarán entonces de poder ser “adoctrinados”.

 Gonzalo P. Escaray.

Abogado Penalista

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