Política / Sociedad

El derecho a la salud y a la seguridad del paciente

Familiares y víctimas de mala praxis médica se organizan por una legislación que proteja la seguridad de los pacientes. “Es un derecho humano, y nos lo están arrebatando”, sostienen.

“No estamos contra la salud, ni contra los médicos, estamos a favor de un servicio de salud que busque la seguridad del paciente”, define Melisa Etchezar, mamá de Benicio, quien murió por mala praxis a los dos años y medio. Y se explaya: “sabemos que están mal pagos, saturados por la pandemia, con falta de horas de sueño –explica sobre los profesionales médicos–, pero cometen errores que se pueden evitar con protocolos de control, con seguridad en la atención, y esos errores cuestan vidas”.

Resume así la fundamentación del proyecto de ley que familiares y víctimas de mala praxis presentaron ante al Congreso de la Nación. Buscan instalar un registro de casos de nivel nacional, y un registro de médicos imputados, además de la inhibición preventiva de la matrícula a quienes están en una causa, en articulación con el sistema de justicia vía fiscalías. Piden la digitalización y encriptación de historias clínicas.

Allí, en el acto frente al Congreso se escuchó la síntesis: “Trabajamos por un sistema de salud que cure y no nos mate. Y para que nuestros hijos tengan la justicia que merecen, ya que no pueden tener la vida”. Las desgarradoras palabras de Gabriela Covelli, mamá de Nicolás Deanna, quien falleció por un mal diagnóstico en 2017, reflejan la decisión que los convoca: lograr una ley que “proteja la seguridad de los pacientes” indica Melisa.

“La mayoría de los médicos tiene responsabilidad en su práctica, pero algunos se descuidan, y eso cuesta vidas”, precisa. Ella perdió a su hijo por un mal diagnóstico en el hospital público de Salliqueló, a unos 100 kilometros de Trenque Lauquén, y a 250 de la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa.

La ley que promueven lleva el nombre de Nicolás, por el hijo de 24 años de Gabriela Covelli, cuenta Melisa. “A Nico le diagnostican una contractura, hacen caso omiso a un laboratorio que indica glóbulos blancos elevados, y muere. Tenía meningitis. Similar a lo que nos pasó con Benicio”, relata.

La trama fatal

Benicio tuvo picos de fiebre, estaba decaído y descompuesto, le molestaba el sol. Los médicos decían que estaban “incubando algo”, pero se agravó en pocos días. Una noche es llevado de urgencia al hospital. La médica que lo recibe minimiza los síntomas, aunque su madre ya había identificado “meningitis”, y se lo dice, cuenta. Cuando llega la especialista y deciden trasladarlo a Trenque Lauquen ya es tarde. Sin embargo, la médica que lo trató sigue atendiendo en ese hospital. Sigue en las guardias.

Su juicio todavía no tiene resolución. Por eso, y para promover una legislación que sirva “de aquí en adelante”, se sumó a esta agrupación de familiares. Su lema es: “Que tu partida no quede en vano”, por la memoria de las víctimas. Piden justicia. Reclaman un registro nacional de casos y la suspensión de matrículas ante denuncias judiciales.

La respuesta que hasta ahora obtienen del sistema es el cierre de las causas, demoras en los juicios y penas leves. “En el caso de Débora Pérez Volpin, el responsable tuvo ¡solo dos años de condena!” señala Melisa a Página/12. Al endoscopista condenado en ese caso le dictaron siete años de inhabilitación y tres de prisión en suspenso, de los que solo cumplió dos. Todo indica un armado corporativo para favorecer la impunidad, percibe Melisa. Una de las propuestas de la Ley Nicolás establece que los médicos imputados no puedan ejercer hasta que se defina el juicio. “¿Por qué el colegio médico si no pagan las cuotas les suspende la matricula, pero si hay una denuncia por supuesto homicidio, no lo hace?”, se pregunta.

Benicio

Melisa es psicóloga. Trabajaba en el mismo hospital público donde Leticia Martín, diagnosticó mal a Benicio. “Conozco a todos los médicos ahí, confiaba en ellos” se lamenta. Leticia Martín es médica generalista y era su médica de cabecera. Ante la ausencia temporal del pediatra del niño, Martínez lo diagnosticó sin pedir estudios. Tampoco dio lugar al pedido de la madre cuando el niño ingresó de urgencia, y le decía: “¡Es meningitis!”. Melisa pudo identificar la enfermedad porque ella también la tuvo: “Pero fui diagnosticada y me salvan, en la clínica Favaloro, en Capital”, agradece.

Benicio inicia el cuadro con fiebre y decaimiento. En la semana se agudiza. La médica recomienda baños y vapor. Igual que la noche en que el niño ingresó, en estado grave. Esa noche, cuando Melisa se despierta a las 2AM, el niño convulsionaba. Llama al papá –estaba separada en ese momento, cuenta–, y cuando él llega y lo alza, ella ve “la rigidez nucal”. El síntoma identifica la meningitis.

«A Benicio lo suben a la ambulancia pero no prenden la sirena, ni le dan oxigeno porque no había mascarilla pediátrica, mi casa queda cerca, pero iban muy despacio, y el chofer me hacía chistes. Llegamos al hospital y estaba Leticia de guardia. Le digo: ¡Tiene meningitis! ‘Vamos a ver’, me dice, con una paciencia de maestra jardinera” recuerda.

Lo que sigue es un tiempo precioso donde se podría haber salvado esa vida. Por negligencia, desidia, falta de percepción de la urgencia, fue tiempo perdido. Cuando llega una especialista comienzan a darle la medicación correcta y deciden llevarlo a Trenque Lauquen. “Pero murió antes”, cuenta Melisa. Añade: “fue una locura, no me escucharon, no estuvieron a la altura de la circunstancia”.

“Hicimos una reunión en el municipio, con todos los que estuvieron esa noche y estaban de acuerdo con nosotros” cuenta la mamá de Benicio. Están las médicas, enfermeras, ambulancieros, directores y el intendente entonces, Jorge Hernández, de Junto por el Cambio. “Hubo negligencia, todos coincidían”, recuerda Melisa. Hasta el intendente se comprometió a colaborar. Y ella comenzó el juicio por mala praxis. Sin embargo, al momento de declarar, “todos cambiaron sus testimonios”, se asombra.

En las estrategias de dilación y ocultamiento, Melisa identifica la trama en la que el caso pierde reconocimiento: “sacan comunicados falsos diciendo que murió de sepsis fulminante”. Esto significa, sin responsabilidad médica. “Pero llaman a los padres del jardín y les indican la medicación que le dieron a Benicio 15 minutos antes de morir, preventivamente –agrega–, y dicen que el nene murió por un bichito que entró y lo mató de pronto, me contaron otras mamás del jardincito”, recuerda.

Cosas raras con graves consecuencias

No es el primer caso en Salliqueló. Pasó lo mismo con Lara, otra niña que muere el mismo día que Benicio –17 de agosto–, cuatro años antes. “Sepsis fulminante por meningitis no diagnosticada indicó la autopsia, y cerraron la causa”, describe Melisa.

Lara además tenía una hermana, Juanita. Iba al jardín con Benicio, Juanita, y muere de neumonía. También como a Benicio, la mandan a la casa por estar “incubando algo” y terminó en Bahía Blanca, veinte días en terapia intensiva. “Acá la atendió un médico que no tenía ni la residencia, acomodado por su padre, un anestesista conocido. ¡Acá pasan cosas que no puede ser!” denuncia Melisa, que sigue viviendo en Salliqueló.

Por esa reunión en el jardín donde les indican antibióticos a los niños, Melisa y la mamá de Lara sospechan: “Están dando antibióticos para prevenir contagios, pero la sepsis no es contagiosa –apunta–, con el sentido común nos damos cuenta que había otras cosas que sí son contagiosas, como la meningitis” repasa Melisa. El intendente convoca a la prensa. “Vienen de Región Sanitaria, de epidemiología e infectología, y hablan de meningitis, pero no nos convocan a nosotros, los padres ¿por qué?”, se pregunta.

El caso de Benicio fue derivado al Juzgado Penal de Trenque Lauquen para evaluar si hubo delito. “Nos enteramos por el Boletín Oficial del municipio, nadie nos avisó, y me presento como damnificada. En diciembre (2019) me contacto con Gabriela Covelli porque necesitaba asesoramiento, y empezamos a caminar juntas”, comparte. Es importante “salir fortalecidos de la tragedia, y el día que la Ley Nicolás se apruebe –augura–, será una reparación fundamental para los que trabajamos en esto. Muchas personas van a salvarse, los médicos van a prestar más atención, aprender del error, a capacitarse y pensar más lo que hacen, será un nuevo paradigma” asegura.

Cambiar el paradigma

Cientos de casos conforman el reclamo de estos familiares. Cada uno doloroso y trágico. “Lo que buscamos con este proyecto es, primero, que ante una denuncia se suspenda la matrícula hasta que se defina el juicio, hoy los médicos denunciados siguen trabajando, no se los aparta” argumenta. “Por eso nos comprometimos con esta ley” explica.

La decisión de presentar el proyecto de ley estaba tomada a principios de 2020 pero se dilató en pandemia. Los familiares valoran el sistema de salud, insisten. “El año pasado nosotros también salíamos, a las 9 de la noche, para aplaudir a los médicos, eran héroes, y lo siguen siendo, pero no son todos iguales” destaca Melisa. En la Argentina no hay legislación para proteger la salud del paciente. “Hay una ley tan insulsa que nos lleva siete años poder saber si hubo mala praxis o no. Estamos bajo un paradigma muy viejo, por eso lo queremos modificar” sostiene.

Las estadísticas obligan a revisar los mecanismos de seguridad en la práctica médica. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo se dan más de 2 millones de muertes por año, por estas causas. “Hasta el 80 por ciento de esos daños podrían evitarse”, asegura la organización internacional.

La OMS dice que uno, de cada cinco pacientes, muere o queda con una discapacidad por malas prácticas médicas. “Es una estadística altísima”, señala Melisa. “Pero hoy con el covid estamos entendiendo lo importante que son los protocolos, se puede aprender de los errores –advierte–, es importante aprender y prevenir. Y que haya registro de imputados, que cada médico con una denuncia tenga suspensión de matrícula hasta que se sepa si mató o no, si erró o no, para que no vuelva a cometer el mismo error, es razonable, es lógico, y es necesario”, sentencia.

Lo que propone la «Ley Nicolás»

El proyecto que los familiares llaman “Ley Nicolás” busca disminuir la dificultad que implica llevar adelante el proceso judicial donde la práctica médica, en los casos más extremos, es denunciada como “homicidio”. Si bien es cierto que “ninguno se levanta con la intención de matar, también lo es que mucho no se han levantado con la intención de curar” enfatizan. “Este también es derecho humano, y nos lo están arrebatando” sostienen. Por eso piden:

-Inhibición preventiva de matrícula, ante denuncias y hasta tanto se resuelva el juicio.

-Registro de casos para una estadística nacional. “De cuántas muertes y daños a la vida y a la salud estamos teniendo”, señalan.

-Registro de médicos con imputaciones, articulado al sistema judicial. «Que hospitales, clínicas, y gobiernos tengan obligación de consultar antes de otorgar un cargo médico”.

-Instaurar un tipo de figura legal cuya pena medie “entre la culpa y el dolo”. Una pena que permita “que cada uno tenga la culpabilidad que tenga que tener, por sus actos”.

-Propiciar un sistema que permita aprender del error: “Distinguir el error humano de la negligencia y la desidia”, apuntan. Promover la capacitación permanente.

-Digitalizar las historias clínicas y encriptarlas: “Todos hemos padecido que nos cambien las historias clínicas, por eso buscamos que no puedan borrarse, ni alterarse y que con nuestro DNI podamos tenerla. Se simplifica la tarea también para los médicos, esto no es contra ellos”, remarcan.

Fuente: Página 12.

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