La Central de Trabajadores junto al Frente Amplio denuncian que la ley es inconstitucional.
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, tuvo un cierre de año complejo. Aumento de casos de coronavirus que obligaron al cierre de fronteras, creciente descontento por falta de medidas para los sectores afectados por las restricciones y críticas por la ausencia de vacunas.
Una situación compleja que se agudizó con la oposición del Frente Amplio y el PIT-CNT, la principal central sindical del país, a una serie de artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que afectan derechos críticos como el Derecho a Huelga.
La LUC es un mecanismo que se utiliza en momentos excepcionales, crisis, catástrofes naturales o, en este caso, una pandemia, El oficialismo aprovechó el contexto y apenas asumió envió un mega proyecto de ley con 500 artículos.
Fernando Gambera, dirigente de la Central Sindical y explicó que «lo que estamos cuestionando es la forma inconstitucional con la que se abordó».
Gambera sostuvo que «este mecanismo no era necesario para esta situación, lo aprovecharon para reformar el derecho a huelga, de protesta y otros derechos».
«Decidimos ir por este camino para construir los más amplios consensos. Son 135 artículos que nos permitieron incluir al Frente Amplio y otras organizaciones importantes», agregó Gamberra.
Por otra parte, fuentes del Frente Amplio consultadas por LPO sostuvieron que con esta ley «el gobierno barrió todos los logros que tuvimos en materia social, laboral, seguridad y económico». Durante el corto período de debate parlamentario, el Frente Amplio logró modificar algunos artículos para terminar acompañando y votando con el gobierno.
No obstante, desde el partido de José Mujica reconocen que es una jugada arriesgada porque se necesitan 700.000 firmas y más del 50 por ciento de los votos. «Fue una iniciativa de la Central de Trabajadores que nos llegó toda armada y no tuvimos otra que subirnos. Creo que no es el momento para hacerlo porque antes que la LUC es más importante evitar la privatización de los servicios públicos que están preparando», dijo un importante dirigente frentemaplista.
«No podíamos quedarnos afuera de una movida con movimientos sociales y sindicatos. Ahora ya estamos arriba del carro», agregó.
Los artículos que buscan ser derogados son 135 y, según los impulsores, afectan el derecho a huelga, mercantiliza la educación y le otorga un derecho a la legitima defensa a la policía que podría darle vía libre para actuar de forma represiva.
El plazo para juntar las 700.000 firmas es el 14 de julio de 2021 ( un año después de promulgada la ley) y, una vez cumplido los requisitos, a los 6 meses se debe someter a referéndum.
Fuente La Política online.
