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Kicillof abre más actividades y empieza a bajarle la persiana a la cuarentena interminable

“Amesetados a la baja”. Esa es la definición oficial sobre la tendencia de los contagios por coronavirus que se está registrando en el Conurbano y La Plata. También, la llave que utilizará la Provincia para abrir la puerta a nuevos permisos de funcionamiento de actividades a partir del lunes 12, cuando comience una nueva etapa de la extenuante cuarentena.

La decisión de la vuelta total de la construcción está tomada. Hasta ahora se habían habilitado intervenciones menores en viviendas unifamiliares, lo que generó la queja de pequeños, medianos y grandes emprendedores seriamente afectados por el parate de su actividad.

“Tuvimos 200 casos menos en el Gran Buenos Aires el viernes en relación al viernes anterior”, dicen en la Provincia. Esa ventana de mejoría introduce una bocanada de aire fresco para el Gobierno, que venía sintiendo desde hacía largas semanas el hartazgo de la sociedad con las restricciones del aislamiento y su consecuente desgaste propio.

El malhumor social había generado, por caso, que muchos intendentes -no sólo de la oposición sino también del oficialismo- hicieran la vista gorda o autorizaran por lo bajo el funcionamiento de bares y restaurantes con mesas en la calle. A partir del lunes 11, esa medida tendrá carácter oficial con el aval del gobierno de Axel Kicillof.

Otra cuestión aparece en el escenario: el del retorno a la actividad escolar presencial. La hoja de ruta oficial indica que antes de fin de mes podrían volver a las aulas algunos alumnos de colegios ubicados en unos 90 distritos del Interior bonaerense en los que no existen contagios o la circulación del coronavirus es muy baja.

Esa intención aparece en principio rodeada de una incertidumbre que excede la cuestión epidemiológica y la evolución de los contagios. Kicillof envió al ministerio de Educación de la Nación una serie de protocolos para que se permita la vuelta a las aulas de aquellos chicos que se desconectaron de las clases virtuales, que tendrán que ser autorizados por el titular de esa cartera, Nicolás Trotta. Este funcionario es quien tiene frenada la misma petición por la que clama desde hace varias semanas el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cederá la Nación ante el pedido del Gobernador ?. Larreta quizás termine siendo involuntario beneficiario, en medio de las idas y vueltas de la política, de los aires aperturistas que ahora se respiran en la Provincia.

“La Nación, que se opone a la vuelta a clases presenciales en Capital, debe ahora autorizar un pedido similar que acaba de hacer la Provincia”

En el gobierno bonaerense tendrían asegurado el respaldo de los gremios docentes para avanzar con aquella decisión. Algunas de estas organizaciones no disimulan su simpatía con las políticas de Kicillof e incluso se habla de un inminente acuerdo salarial con los maestros en la paritaria que seguramente se cerrará la semana que viene.

En medio de todas estas medidas aparece la compleja situación social agravada por la pandemia, según el gobierno; por la cuarentena, de acuerdo a la lectura de la oposición. El INDEC acaba de publicar un estudio con resultados esperables pero no menos impactantes: la pobreza en la Argentina comprende al 40,9 por ciento de la población. La compleja situación económica cargó sobre sus espaldas la mochila de los tremendos efectos del aislamiento. El fuerte deterioro salarial y el aumento de la desocupación profundizaron un cuadro inquietante que en el caso de la Provincia es aún más grave.

En el Conurbano hay cerca de 5,9 millones de pobres, casi la mitad de las poco más de 12 millones de personas que vienen en el conglomerado urbano más grande del país y donde las inequidades sociales se fueron profundizando. Esos números adquieren un relieve más dramático si se compara el espejo de lo que se verifica en el Gran Buenos Aires con lo que se registra a nivel global: el nivel de pobreza en los distritos más populosos de la Provincia está casi 7 puntos por encima del promedio que se registra en el país.

El resultado del estudio del INDEC avizora números aún peores para los próximos meses, porque corresponden al primer semestre del año en el que los efectos de la pandemia recién comenzaron a producirse bien hacia finales de marzo.

Parte de ese drama social se dirime, con sus complejidades y entretelas, en la usurpación de tierras de Guernica. La Provincia trabaja con la premisa de achicar, con búsqueda de predios en municipios, ayuda social y subsidios de hasta 50 mil pesos, la cantidad de familias que ocupan las 100 hectáreas usurpadas. El desalojo ordenado por la Justicia fue nuevamente postergado aunque en el Gobierno creen que hacia fin de mes sucederá. Descuentan, además, que las políticas de vivienda anunciadas no serán imán suficiente para un desalojo voluntario y total.

Fuente: El día

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