Interés General

Un racconto histórico sobre el Derecho al cuidado de las personas mayores

Hace 72 años, Eva Perón proclamó los Derechos de la Ancianidad. Luego se sancionó una Ley que otorgó pensiones a los mayores sin amparo.

Si bien los debates sobre la relevancia de los Cuidados en la agenda pública nacional son recientes, la normativa vigente en clave del Derecho tiene sus recorridos históricos, aún así no se nominen desde la perspectiva del Cuidado. En particular, la preocupación y ocupación actual en relación al cuidado de personas mayores, se funda en una serie de decisiones y medidas que encuentran –siempre– a gobiernos peronistas como precursores en la materia.

Un día como hoy pero de 1948, Evita proclamó los Derechos de la Ancianidad, lo cual implicó la construcción de cientos de hogares mixtos para personas mayores y la sanción de una Ley que otorgó pensiones a los mayores de 60 años sin amparo.

Meses más tarde, el 18 de noviembre de 1948, estos derechos fueron proclamados también por el Tercer período de sesiones de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

De esta forma la Argentina fue precursora en la incorporación a su legislación de los Derechos para las personas mayores.

Los debates sobre el Cuidado en Argentina tienen que contener el trabajo
invisibilizado de miles de mujeres Este proceso culminó con la incorporación de los Derechos de la Ancianidad a la Constitución de 1949.

Los mismos contemplaban el derecho a la asistencia, a la vivienda, a la alimentación, al cuidado de la salud física y moral, al esparcimiento, al trabajo, a la tranquilidad y al respeto y consideración de sus semejantes.

Muchos años después, en el 2015, se realiza la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de la Personas Mayores: derechos humanos relacionados con la salud. Esta Convención que Argentina ratifica implicó la elaboración de norma para el cuidado de la vejez en el marco del sistema de protección de los derechos humanos.

Por supuesto, las garantías al derecho tampoco están exentas de los contextos políticos en los cuales se inscriben los marcos normativos vigentes, y la historia Argentina no da margen a la interpretación respecto de qué Gobiernos han priorizado el cuidado de los adultos mayores y cuáles, en cambio, hicieron uso del poder otorgado por el Pueblo para descartar a un sector de la sociedad en el momento en que quizás más necesita de la asistencia del Estado.

En nuestro país, hemos atravesado gobiernos que recortaron las jubilaciones en un 13% (durante la Alianza, con Patricia Bullrich al frente), y gobiernos que han ampliado la cobertura a través de una moratoria para todas aquellas mujeres que trabajaron en sus casas o en condiciones de informalidad, como resultado de la estructura de desigualdad del mundo del trabajo. Sin duda, la cuestión previsional tiene que considerar el modo desigual que transitamos el trabajo, las mujeres y las disidencias.

En la actualidad, la pandemia ha puesto de manifiesto la centralidad del debate sobre Cuidados. El presidente Alberto Fernández ha ponderado el cuidado de la vida con las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, que muestra resultados diferenciales respecto del tratamiento de la pandemia en cualquier país de la región, y del mundo.

En este contexto, las personas mayores son las personas más vulnerables ante el Covid-19.

Si bien, desde la asunción de esta nueva gestión, se tomaron decisiones tendientes a garantizar mayor alcance e igualdad en cuanto al cuidado de la salud de esta población, como la actualización del vademécum de medicamentos esenciales gratuitos a las y los afiliados de PAMI y la puesta en funcionamiento por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, de centros de salud para la atención de personas mayores que
habían estado cerrados durante los últimos cuatro años, aún mantenemos una deuda pendiente como sociedad con nuestros adultos mayores.

Y en el marco de una situación en la cual se ponen de manifiesto las desigualdades estructurales, también ha quedado en evidencia como el cuidado de las personas mayores tiene mayor cobertura del ámbito privado que del
Estado, en servicios que son costosos para los sectores medios e inaccesibles para los sectores más humildes.

Dado que el cuidado de las personas mayores está desfamiliarizado, según el patrón cultural de época, es imponderable la constitución de servicios de cuidados estatales que incluso regulen la oferta del mercado.

Quienes creemos que la economía popular es la hoja en blanco sobre la cual se puede escribir parte de la reconstrucción de nuestro país post pandemia, la profesionalización de trabajadores y trabajadoras que vertebren esquemas de trabajo vinculados al Cuidado de personas mayores es fundamental.

Con ello, no sólo se generaría empleo, y reconocimiento económico a una tarea invisibilizada, sino incluso la garantía al Derecho al Cuidado a las personas mayores.

En un momento de mucha adversidad, donde se ha puesto en valor el sentido de la Salud pública, de la solidaridad, de cuidarse cada uno para poner cuidar al otro, es importante profundizar el debatepor una política social que le dé centralidad al Cuidado, recuperando nuestros antecedentes históricos, y que provea de bienestar del conjunto de argentinos y argentinas.

Fuente: Página 12.

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