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Perú, entre la pandemia y los vaivenes políticos: calculan una caída de casi 12% del PBI

Es el segundo país más afectado por el coronavirus en Latinoamérica. La fuerte informalidad de la economía atenta contra el control a la pandemia.

Perú es el segundo país de Sudamérica más afectado por el coronavirus detrás de Brasil, con más de 600 mil infectados y casi 28.000 fallecidos hasta el 24 de agosto. A pesar de aplicar medidas de aislamiento social en una fase temprana de la pandemia, el país se vio fuertemente impactado por la enfermedad.

Expertos del país afirman que la propagación de la enfermedad corresponde a una situación donde las necesidades de la población se contravienen a las medidas de aislamiento. En la sociedad peruana, con grandes niveles de desigualdad, la vida de la población más pobre no es compatible con el aislamiento social.

Alrededor del 70% de la población se encuentra empleada en el sector informal de la economía, por lo que se hayan en la recurrente necesidad de romper con el aislamiento social para obtener los recursos que les permita abastecerse de comida. A esto se le suma que más del 40% de los hogares no cuentan con un refrigerador que les permita preservar los alimentos, por lo que las compras de productos refrigerados solo pueden hacerse en pequeñas cantidades y para cubrir el requerimiento del hogar para un día, de acuerdo con el Informe de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Por último, se destaca el hacinamiento de muchos hogares, en los cuales más de 4 personas conviven en una misma habitación.

Además, las políticas de emergencia ideadas por el gobierno, como ayudas a las familias más pobres, aunque bien intencionadas, no fueron diseñas adecuadamente. En este sentido, el requerimiento de disponer de una cuenta bancaria para poder recibir la ayuda social otorgada por el Estado representó una gran limitante, al contemplar que solo el 38% de los adultos poseían una cuenta bancaria. Adicionalmente, la forma en la cual se llevó a cabo el acceso a esta ayuda ocasionó la concentración de grandes cantidades de personas en las agencias bancarias, incrementando el riesgo de contagio.

En ese marco, la gran preocupación para el Gobierno peruano es el impacto de la pandemia en la actividad económica, que depende principalmente de dos factores: la inversión privada y las exportaciones. Por lo que, en el 2020, con la irrupción de la pandemia COVID-19 y la caída en el comercio internacional -con interrupciones en las cadenas de valor a nivel mundial-, terminaron teniendo un fuerte impacto en el PIB del país.

Para mayo, el Producto Interno Bruto reportaba una caída de 32,8% interanual ante las medidas de confinamiento que tuvieron lugar a mediados de marzo, registrando así un comportamiento descendente desde entonces, acumulando hasta el momento tres meses consecutivos de caída. No obstante, pese a la disminución de actividad económica observada en el mes de mayo, los resultados reflejan una leve recuperación luego del mínimo registrado en abril con un descenso de 40,5% interanual.

Así, bajo el escenario de una puesta en marcha de la Fase 4, en la que se espera la reanudación de la mayoría de las actividades productivas del país, se estima que el comportamiento del PIB de Perú -en lo que resta de año-, recaerá sobre el comportamiento de la demanda agregada, altamente afecta por la pandemia.

En este sentido, gracias a la gradual flexibilización de las medidas de aislamiento, los indicadores de la actividad económica de Perú han empezado a recuperarse, y de no haber una segunda oleada importante de contagio, es probable que la peor parte haya sido superada, dentro del supuesto de una recuperación tipo “V”.

No obstante, existen factores que serán determinantes para la consecución de una recuperación de la economía en los siguientes periodos: una mejora en los precios de las materias primas, así como una recuperación parcial y heterogénea del crecimiento mundial que se traduzca en una perspectiva global de menor riesgo para los mercados emergentes, que de paso a un mayor flujo de capital que permitan a la nación alcanzar su nivel de actividad económica previa a la crisis sanitaria.

En ese contexto, la consultora Torino Economics prevé una caída del PIB real de 11,9% para el 2020 con una recuperación prevista de 7.3% para el 2021. A su vez, se espera una caída en los niveles de inversión, de aproximadamente el 14,4% en 2020, con una perspectiva de recuperación lenta, siendo este el más perjudicado de todos los componentes del PIB.

En general, estas proyecciones se hacen bajo el supuesto de una recuperación parcial y heterogénea del crecimiento mundial y una mejora paulatina de los precios de las materias primas en lo que resta del año.

Dentro de las medidas para mitigar los efectos de la COVID-19, se implementó el “Plan Reactiva Perú”, el cual estuvo basado en que: el BCRP inyectaría liquidez por un valor de PEN 30.000 MM (aproximadamente USD 9.000 MM) a los bancos comerciales. Luego, estos debían prestar el dinero a las empresas formales, de cualquier tamaño, con una garantía del Ministerio de Economía, que fluctuaba entre 80% y 98% del préstamo, dependiendo del tamaño de este.

Sin embargo, la debilidad de este esquema radica en que no se contempló a los trabajadores independientes informales, que son una masa de trabajadores que ronda el 70% de la población económicamente activa (PEA).

Las autoridades posteriormente, dado este vacío en los programas de apoyo sociales, fueron ampliando las asistencias a los hogares otorgando un bono para las personas no pobres, pero en condiciones vulnerables. De esta forma, todas estas medidas de apoyo al sector empresarial y a los hogares, hacen que se prevea una profundización del déficit fiscal a -7,6% del PIB nominal para 2020, específicamente gracias a un aumento del gasto público (25,2% del PIB) y menores ingresos fiscales por la recesión (19,3% del PIB nominal en 2020 vs. 20,1% en 2019).

De cualquier modo, Perú tiene herramientas financieras para defenderse ante este contexto, dado a su relativo bajo porcentaje de Deuda pública / PIB (26,8% para finales de 2019), que le da acceso a un amplio portafolio de opciones, ya sea por medio de la emisión de bonos, incremento de deuda con bilaterales u organismos multilaterales.

Por otra parte, se espera un superávit comercial de USD 4.500 millones para 2020, siendo el menor en los últimos 3 años previos. Este comportamiento, se justifica dado la desaceleración mundial de la economía en 2020, lo cual se estima que afecte el comercio del país con sus principales socios (EE.UU. y China, que son los países con lo que reporta un mayor nivel de comercio, es decir un 42,3%).

Por último, el complejo contexto político en Perú se ha visto agravado por la disolución del congreso y el gobierno prácticamente “en solitario” de Martín Vizcarra, quien asumió en 2018 para culminar el período del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien presentó su renuncia después de haber sido acusado de corrupción y sujeto a prisión preventiva por 36 meses por presuntos vínculos con la empresa brasilera Odebrecht.

La inestabilidad política y la continua tensión entre el Congreso y el Ejecutivo a causa de la lucha contra la corrupción han transmitido mucha incertidumbre al sector privado, deteriorando los ánimos y expectativas de los empresarios, empeorando la gestión y eficacia de las políticas públicas y el rumbo de la economía.

La renuncia de casi la mitad de sus legisladores en el Congreso y la pérdida del apoyo de los gobiernos regionales, han debilitado el poder político del presidente Vizcarra. Los conflictos políticos han frenado el crecimiento económico.

El 8 de julio de 2020, el presidente Vizcarra firmó el decreto que convoca a elecciones para el 11 de abril del 2021, donde se elegirán al nuevo presidente de Perú, los vicepresidentes, congresistas y representantes del país ante el Parlamento Andino.

Fuente: Clarín.

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