Política / Sociedad

El Consejo de la Magistratura busca un acuerdo sobre los jueces federales trasladados

El debate se originó a raíz de un informe del consejero Gerónimo Ustarroz sobre los cambios de jurisdicción que se dan en la Justicia desde 1998, y que la oposición leyó como un intento del oficialismo de apartar a ciertos magistrados de algunos juicios.

El debate sobre el traslado de los jueces federales se originó en el informe que presentó el consejero por el Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, sobre las distintas clases de traslados que vienen dándose en la Justicia desde 1998 y que la oposición, encabezada por el consejero por la Cámara de Diputados, Pablo Tonelli, leyó como un intento del oficialismo para apartar a magistrados de juicios en marcha.

Sin embargo, la comisión de selección del Consejo de la Magistratura pospuso este jueves la definición sobre la revisión de los pases de jueces federales ante la falta de consenso entre la postura del oficialismo, afín a que el Senado avale esos procedimientos, y la de los consejeros de la oposición, que estiman que no se pueden reconsiderar por falta de competencia.

En este sentido, zanjó la discusión el presidente del Consejo, el representante de los jueces, Alberto Lugones, cuando afirmó: “Nosotros no venimos, como se dice públicamente, a darle impunidad a nadie: no van a ser nulos esos actos (de los jueces trasladados), no se preocupen”.

“Todos los procesamientos están confirmados, y los juicios también”, añadió Lugones, que se pronunció por dar a los traslados la revisión del Senado, ya que, aseguró, “no puede haber estabilidad sin el acuerdo” de la Cámara alta.

Ustarroz defendió su informe explicando que existen tres tipos de traslados de jueces: los simétricos que respetan la jurisdicción y competencia; dentro de ellos, los que requieren alguna excepción al reglamento; y los asimétricos, en los que el magistrado trasladado no concursó para esa jurisdicción o competencia.

“Mi idea –sostuvo Ustarroz– es someter los traslados a discusión institucional, precisar los alcances de este instituto: cuándo se puede, cuándo no, de qué forma, porque si bien hay un vacío legal, hay un lleno constitucional”, que fija el procedimiento para que un magistrado sea designado.

A esta propuesta, Tonelli respondió, en primer término, que “los traslados han existido siempre en la Justicia federal y casi siempre han sido avalados por la Corte Suprema, salvo cuando fue contra la voluntad del trasladado”.

Sin embargo, el diputado del PRO consideró que “el Consejo carece de competencia para analizar esos traslados, porque esos traslados no están dispuestos por una decisión del Consejo, sino por una decisión del Poder Ejecutivo mediante un decreto”.

“Esos decretos –continuó Tonelli–, como actos administrativos que son, ya han producido efecto, ya han generado derechos, y por lo tanto no pueden ser revocados ni siquiera por el Presidente; el único modo de dar marcha atrás es a través de un juicio y con la consecuente declaración de nulidad de los decretos”.

A pedido de Ustarroz, y por unanimidad, los ocho miembros de la comisión convinieron en establecer un cuarto intermedio hasta la semana que viene para buscar una solución de consenso que aclare la situación de los jueces federales trasladados sin avanzar sobre la competencia de otras instituciones involucradas.

El debate también giró en torno a las impugnaciones contra el candidato a juez federal de Tucumán, Facundo Maggio, cuestionado por los organismos de derechos humanos por haber sido abogado defensor de represores.

Los ocho consejeros coincidieron en que las impugnaciones se presentaron fuera de término, pero que se dejarían para la entrevista final con Maggio, para que este ofrezca su perspectiva acerca de esos cuestionamientos.

Tonelli aclaró que “se lo cuestiona al postulante por su rol de abogado, y todos sabemos que el abogado no necesariamente se identifica con su defendido ni comulga con sus ideas”.

Esa posición fue acompañada por los consejeros Ricardo Recondo y Marina Sánchez Herre­ro, que advirtieron que se debe proteger el “ejercicio libre” de la profesión de abogado.

Por su parte, Graciela Camaño, titular de la comisión, consideró que “el desafío que tenemos por delante es ver cómo resolvemos el problema que tenemos, que debe ser lo más ajustado a la Constitución”.

Fuente: Diario Hoy

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