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Lucas Lin: su muerte en la colonia del Lincoln se debatirá en juicio oral

Los 11 procesados por la muerte de Lucas Lin deberán enfrentar un proceso público, según lo dispuso el juez del caso. Se esperan apelaciones de las defensas.

La causa abierta tras la muerte de Lucas Kevin Lin (5) en la colonia de vacaciones del Colegio Lincoln de La Plata fue elevada a juicio oral y todos los acusados deberán llevar sus defensas ante un tribunal colegiado. El juez de Garantías Eduardo Silva Pelossi avaló la investigación de la fiscal Cecilia Corfield y rechazó los planteos de nulidades y sobreseimientos de los once procesados. En la lista de sospechosos se anotan autoridades de la institución, guardavidas y empleados municipales.

La familia de la víctima es representada por los abogados Andrea Reynoso y Matías Pietra Sanz analizan pedir penas de prisión de cumplimiento efectivo para guardavidas y autoridades de la institución.

La resolución no es definitiva ya que las defensas pueden apelar ante la Cámara Penal y plantear sus quejas con el objetivo de que se dicte un nuevo dictamen que puede ser confirmatorio o no de lo rubricado por el magistrado garante de la instancia.

La lista de procesados la integran el director de la colonia, Osvaldo Ramos, la accionista Roxana Costa, la representante legal Mónica Cauteruccio y el dueño de la escuela, Rubén Gerardo Monreal. Los cuatro fueron indagados por el delito de “homicidio culposo”.

En la carátula de la causa también figuran el encargado de la colonia, Marcos Echaniz, quien en su declaración indagatoria por el delito de «homicidio culposo» apuntó a las autoridades de la escuela. Sostuvo que recibió sugerencias para que declare una versión distinta a lo que había ocurrido para que el seguro de responsabilidad civil corra con los gastos de indemnizaciones. Otro de los acusados es el guardavida Martín Argüelles, acusado de abandono de persona seguido de muerte. La tercera es Carolina Muro, señalada también por abandono de persona seguido de muerte.

La nómina de sospechosos la completan los empleados municipales Myriam Salinas, Diego de Luca, María Daniela Tost Teruggi y Fernando Parodi sobre quienes pesan sospechas de irregularidades en el otorgamiento de la habilitación municipal del trágico predio ubicado en 518 y 137. Para la fiscal y el juez, esos cuatro funcionarios públicos concurrieron a la colonia del Colegio Lincoln días antes de la muerte del menor para su inspección e «insertaron datos falsos toda vez que no se cumplían los requisitos mínimos establecidos en las ordenanzas municipales», para habilitar el lugar.

El 5 de febrero de 2019, Lucas Lin y un grupo de compañeros fueron a la colonia del Colegio Lincoln. El pequeño murió ahogado alrededor de las 15.30 en una pileta de grandes dimensiones, en un lugar donde no había cámaras de monitoreo.

Si bien cuando llegó la fiscal «había colocada una soga para indicar el lugar de la pileta a partir del cual cambiaba la profundidad», varios testigos aseguraron que «no había ninguna soga puesta cuando murió el nene», de acuerdo a los voceros judiciales.

La declaración de un policía y de una ex empleada de la colonia de vacaciones complicaron la situación de las autoridades de la institución. De sus versiones se desprenden dos datos centrales: el lugar no contaba con una camilla de traslados ante posibles emergencias y las autoridades se manejaron con “frialdad” respecto a la familia de la víctima.

Una de las ex empleadas de la colonia confirmó que al día siguiente del trágico episodio, quienes estuvieron al momento de hecho se reunieron con una psicóloga del colegio. El motivo, realizar un encuentro para hablar del tema y liberar tensiones, pero la profesional intentó enfocar a los trabajadores (futuros testigos del proceso) en que “el colegio no tenía nada que ver con lo que había pasado”. También confirmó que les pidieron que el lunes siguiente volvieran a trabajar. “Estábamos todos llorando, no habíamos hecho el duelo, cero respeto a la familia (de Lucas Lin), cero respeto a nosotros”, expresó la testigo.

Esta declaración le da musculatura procesal a la conducta de los directivos de la empresa educativa, quienes también están señalados de entorpecer la investigación. Tal como informó este medio, desde el colegio enviaron a la fiscal Cecilia Corfield, información desactualizada de su plantel de persona, lo que significó demoras en las notificaciones emanadas desde la fiscalía.

Los datos que contiene el documento son nombre y apellido de docentes, con sus respectivos domicilios, números de documento de identidad y teléfonos celulares. El informe fue escrutado en sede judicial. Detectaron que los domicilios están desactualizados y los números de teléfonos, «adulterados». Esta situación implicó dificultades para los investigadores, que citaron los testigos pero las cédulas judiciales no llegaban a destino.

Fuente: 0221

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