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La Subsecretaría de Derechos Humanos pidió a la fiscalía que aparte a la Policía de la búsqueda de Facundo Castro Astudillo

El pedido fue realizado en una nota presentada ante la Ayudantía Fiscal de Villarino, a cago de Dimas García, quien lleva adelante la IPP caratulada “Averiguación de Paradero” que tramita en el Departamento Judicial de Bahía Blanca.

En la presentación también recomendó solicitar a las autoridades pertinentes los registros del “Sistema de Localización Vehicular AVL” de todos los móviles involucrados en los hechos, como así también el secuestro de los teléfonos celulares de los agentes cuestionados por la familia del joven.

La presentación fue realizada por el Director de Políticas contra la Violencia Institucional, Ignacio Álvarez, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuyo titular es Matías Facundo Moreno, y es la segunda enviada a la ayudantía fiscal: el 1 de julio pasado se envió una nota similar que a la fecha no fue respondida.

La intervención de la Subsecretaría se produjo luego de que los abogados querellantes presentaran en la Justicia Federal una denuncia por desaparición forzada introduciendo elementos que darían cuenta de una posible responsabilidad de agentes de la fuerza policial en la desaparición de Facundo.

Por ello, consideró que en tanto se resuelva la competencia, la investigación debe regirse por los principios de la Ley 14.687 y el Protocolo de Minnesota del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, que propone apartar de la investigación de un posible delito de desaparición forzada a la fuerza sospechada.

Bajo este criterio, recomendó “el inmediato desligamiento de las fuerzas pertenecientes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en todos sus agrupamientos y el despliegue de las medidas necesarias para individualizar a todos los agentes involucrados, tanto los que tuvieron en contacto con la víctima como con aquellos que pudiesen haber ocultado, modificado y/o suprimido prueba documental relacionada a los hechos”.

El director de Políticas contra la Violencia Institucional, Ignacio Álvarez, explicó: “Con la mera sospecha de una posible responsabilidad de un funcionario policial en la desaparición de una persona, todo tiene que apuntar a esa hipótesis teniendo en cuenta que es una obligación del Estado en materia de Derechos Humanos”.

“El impulso de una investigación pronta e imparcial es fundamental para aliviar la angustia de los familiares causados por la incertidumbre acerca de la suerte del familiar desaparecido. La violación de los DD.HH va a continuar hasta que Facundo no aparezca”, agregó.

Respecto a los rastrillajes realizados en el marco de la investigación, Álvarez remarcó que “es necesario que se vuelvan a realizar las medidas de búsqueda en las que hayan participado las fuerzas policiales”.

Facundo José Castro Astudillo tiene 22 años y fue visto por última vez el 30 de abril pasado, en un control provincial de la localidad bonaerense de Teniente Origone cuando luego de dejar su casa de Pedro Luro se dirigía a la ciudad de Bahía Blanca.

La desaparición del joven fue denunciada por la familia en la Justicia Federal. En el marco de ese expediente, la Subsecretaría de Derechos Humanos se puso en contacto con la fiscalía. En las próximas horas se enviará a ese fuero una nota en el mismo tenor que la presentada ante la Ayudantía Fiscal de Villarino.

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