Política Provincia

Julio Alak: “El Servicio Penitenciario Bonaerense es una deuda de la democracia”

El ministro de Justicia de Axel Kicillof le solicitó al parlamento provincial una “nueva ley del Patronato de Liberados”. Reconoció que más de 22.000 presos están autorizados a utilizar teléfonos celulares. La cifras del hacinamiento y las reformas al Código Procesal Penal.

El ministro de justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, reconoció ante dos comisiones de la Cámara de Diputados que las cárce    les Bonaerenses están desbordadas; que falla el sistema de control de presos que son beneficiados con salidas transitorias y prisiones domiciliares; que más de 22.000 mil internos fueron habilitados por la Justicia para utilizar teléfonos celulares; que lo “ideal” es que los jueces dicten prisiones preventivas al 20% de los procesados y no al 50% como ocurre ahora; y le pidió a los legisladores que se “animen” a realizar modificaciones profundas al Código Procesal Penal. Entre ellas, incluir la Ley de Protección a las Víctimas.

El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) se convirtió en el único condenado por los organismo internacionales por la situación de crisis humanitaria. La situación que encontramos, y no para echarle la culpa al gobierno anterior sino que es una deuda de la democracia, es catastrófica” . La definición contundente fue pronunciada por el ministro Axel Kicillof ante los diputados que conforman las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penitenciarios, que están a cargo de los legisladores del Frente de Todos, Susana González y Jorge D’onofrio.

Durante la exposición, llevada delante de manera virtual, el funcionario precisó que el hacinamiento en las Unidades Penitenciarias tiene que ver con la cantidad de internos “heredados” del gobierno de María Eugenia Vidal, que por estas horas realiza una cuarentena estricta por estar infectada con COVID-19, aunque sobrelleva la enfermedad de manera asintomática.

“El 12 de diciembre teníamos 51.725 internos y 24.000 plazas, es decir que la superpoblación carcelaria alcanzaba el 120%. “La sobrepoblación era la más alta de la historia de la provincia. Eso generó una huelga de hambre que comenzó antes de nuestro Gobierno, que alcanzó 11 mil internos en las 63 unidades penitenciarias de la provincia, entre alcaldías y cárceles”, remató el ministro y recordó que cuando asumió la cartera “hacía 8 meses que no se les pagaba a los proveedores de alimentos y medicamentos” y que la deuda ascendía a 1.830 millones de pesos.

A punto seguido Alak ahondó en un tema que hasta ahora no había sido expuesto por el Ejecutivo provincial y que tiene que ver más con la interpretación de los magistrados que con la opinión política. “Lo ideal es que la prisión preventiva no supere el 20%, acá estamos en el 50%, es decir que tenemos 19.700 internos que no sabemos si son culpables o no y muchos que cometieron delitos sin víctimas, hay 5.800 internos procesados por consumo de estupefacientes. Pensamos que eso también lo puede trabajar la Legislatura”, sostuvo.

Ese será uno de los puntos de debate ya que desde la oposición no todos coinciden en ese aspecto. Es más, ni los propios magistrados se ponen de acuerdo. El eje de este planteo tomo alta exposición pública cuando jueces federales, como Claudio Bonadío -ya fallecido- y abalado por instancias superiores, resolvió dictar prisiones preventivas para ex funcionarios del kirchnerismo por actos de presunta corrupción, como fueron los casos del ex vicepresidente Amado Boudou, o el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, al sostener que podrían entorpecer la investigación en su contra, o fugarse del país por presuntamente mantener parte del poder que una vez supieron ostentar.

El debate por la cantidad de internos en los penales bonaerenses se remonta a la campaña electoral que enfrentaban a Vidal y Kicillof, pero recrudeció con la pandemia y un habeas corpus colectivo interpuestos por un grupo de abogados de los delincuentes que solicitaban medidas extraordinarias para que asesinos y violadores fuesen beneficiados con excarcelaciones y prisiones domiciliarias ante el peligro de contagio de coronavirus en situación de superpoblación carcelaria y falta de elementos de higiene, entre otros reclamos.

En una primera instancia el juez Víctor Violini convalidó la solicitud. Sin embargo -en coincidencia con el disgusto social- la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió dejar sin efecto el fallo del Tribunal de Casación que habilitó las excarcelaciones de personas privadas de su libertad en el marco de la pandemia de coronavirus. Fue al hacer lugar a un recurso de queja que elevó el fiscal de Casación, Carlos Altuve.

Por entonces, el Poder Ejecutivo provincial parecía avalar la medida del juez Violini, pero con los primeros datos de que presos que habían sido liberados volvían a delinquir, o que violadores de niñas eran trasladados a pocas cuadras de sus víctimas, tomó distancia y comenzó a poner en el ojo de la tormenta al desmembrado Patronato de Liberados que es ni más ni menos que un organismo auxiliar de la justicia que depende del ministerio de Alak y que tiene como finalidad “la prevención del delito a través de la inclusión social, trabajando a fin de superar la vulnerabilidad socialeconómica y el goce efectivo de los derechos en condiciones de igualdad y de no discriminación”.

Según lo describe en la web oficial una de las principales tareas del Patronato de Liberados es “Contribuir a disminuir la vulnerabilidad –así como los índices de reincidencia delictiva- por medio de la promoción igualitaria de derechos y la inclusión, favoreciendo el mantenimiento de la paz social”. Un fracaso absoluto ya que, según los grupos etarios, la reincidencia en el delito promedia entre el 40 y el 60 por ciento de los liberados.

Sobre este punto Alak fue muy preciso al destacar que el Patronato de Liberados “es insuficiente, y hay que rehacerlo, refundarlo”. “Vamos a pedir una nueva ley del Patronato para trabajar en reducir la reincidencia porque el organismo ya no puede dedicarse sólo a controlar”, pidió. Tantos los diputados oficialistas como de la oposición estuvieron de acuerdo.

Cárcel de Lisandro Olmos: además de talleres, trabajos y capacitaciones, hay denuncias de sobrepoblación y hacinamiento (Télam)

Cárcel de Lisandro Olmos: además de talleres, trabajos y capacitaciones, hay denuncias de sobrepoblación y hacinamiento (Télam)

Celulares para todos

La exposición del ministro provincial estaba prevista para hoy, pero por un tema de agenda, de la que no está ausente la pandemia, se adelantó 24 horas.

En la segunda etapa de su exposición virtual, Alak anticipó lo que ayer adelanto Infobae: “Trabajar juntos con los diputados para animarnos a hacer un nuevo código procesal en la provincia, la llamada  Ley de Víctimas, que se ajuste a los tratados, la Constitución y ponga un equilibrio en el sistema”, que por momentos parece beneficiar más a los victimarios que a las víctimas.

“Todos estamos de acuerdo que tiene que haber una Ley de Víctimas en la provincia que vaya de la mano de esta modesta reforma del Código Procesal Penal para empezar a construir consensos. Hicimos coincidir esta reunión con la recreación del Consejo de Víctimas”, apuntó.

En la reunión se avanzó en la creación de una Comisión Bicameral que estará integrada por diputados y senadores del oficialismo y la oposición para comenzar con el debate de la reforma del Código Procesal Penal. el diputado D’onofrio ya le había anticipado a este medio que se cursarán invitaciones para escuchar las opiniones de organizaciones de víctimas, como las Madres del Dolor, los colegios públicos de abogados y la asociación de magistrados

En el momento de analizar las respuestas que ofreció su cartera ante la pandemia del coronavirus y la situación de los internos, Alak aseguró que la ausencia de las visitas en los penales fue clave en la prevención de contagio de coronavirus dentro de las Unidades Penales. “esto se logró de manera consensuada con los internos y resultó bien, después se habilitó que el uso los celulares”.

Una de las amenazas que recibió la diputada Carolina Píparo, por parte del delincuente que la ataco durante una salidera bancaria y que, como consecuencia de ese disparo, perdió a Isidro, su bebé por nacer.

Una de las amenazas que recibió la diputada Carolina Píparo, por parte del delincuente que la ataco durante una salidera bancaria y que, como consecuencia de ese disparo, perdió a Isidro, su bebé por nacer.

Al llegar a este álgido, el Ministro recordó que la medida, otorgada por los jueces bonaerenses no fue bien recibida por buena parte de la opinión pública, especialmente después que la ahora la diputada Carolina Píparo, quien durante su embarazo fue asaltada y baleada por Carlos Moreno, durante una salidera bancaria ocurrida el 29 de julio de 2010 en la ciudad de La Plata, denunció que el autor del disparo que la hirió y le provocó la muerte a Isidro, el bebé que esperaba, la amenaza desde la cárcel a partir del permiso que tienen los reclusos de tener teléfono celular por el coronavirus.

“Eso llevó la necesidad de registrar los celulares, ya se formalizaron 22.000. El desafío de lograr que la población no se contagie se logró sortear bastante bien, entre otras medidas se logró hacer la conexión integral de las unidades con la red de internet, tenemos las 58 cárceles y las 6 alcaldías restantes conectadas”, destacó.

Vale recordar que varios de los motines sangrientos en la provincia de Buenos Aires, como el de Florencio Varela, y otros, incluyendo el de la cárcel federal de Devoto, fueron coordinados gracias a esa telefonía celular.

Fuente: Infobae

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *