Circuló un texto que nunca se oficializó. En el Congreso aseguran que se presentará estos días y en la Rosada son cautos. La revuelta rural complica la negociación en Diputados. Avanza la investigación de los pasivos.
El lunes, segundos después del anuncio de la intervención del Grupo Vicentin en la Casa Rosada, se viralizó entre los grupos de whatsapp de funcionarios del Congreso el proyecto de ley para expropiar la compañía prometido por el presidente.
El texto, de 11 artículos, tenía la firma de Claudia Daverios, secretaria administrativa del Ministerio de Desarrollo Productivo, era confirmado por fuentes legislativas encargadas de recibir esos documentos, pero nunca se oficializó. Algunos habitués del Palacio, que hoy trabajan en forma remota, aseguran que estuvo a punto de publicarse, pero una contraorden lo detuvo.
Este miércoles, los voceros más cercanos al kirchnerismo en el Senado aseguraban que el proyecto entraría a más tardar el viernes y el debate por la expropiación llegará al recinto en las próximas semanas. «No hay ninguna decisión oficial de bajarlo. Es una operación», aseguraban.
Pero otros senadores del peronismo eran más cautos y especulaban con una negociación de Alberto Fernández con los directivos de la empresa para poner en pausa la idea de expropiar la compañía, que lo obligaría a someterse a un debate legislativo con números muy finos y movilizaciones en las zonas rurales.
LPO confirmó que el presidente tuvo un diálogo telefónico con el CEO de Vicentin, Sergio Nardelli; y este jueves a las 18 lo recibirá. En la Casa Rosada se negaban a confirmar que en esa reunión fuera posible dar marcha atrás con la expropiación, pero no lo descartaban con la misma vehemencia que los kirchneristas del Congreso.
Como explicó LPO, el rechazo de Roberto Lavagna ajustó los números en Diputados y obliga al Gobierno a una dura negociación con los partidos provinciales, entre ellos Unión por Córdoba, de Juan Schiaretti, quien en diciembre le ordenó a sus cuatro laderos en esa Cámara votar en contra del aumento de las retenciones a las exportaciones que formaban parte de la ley de emergencia económica. Se aprobaron con lo justo.
Las movilizaciones rurales podrían volver a rebelar al cordobés y sin él y Lavagna llegar a 129 de la mayoría simple puede ser un suplicio. Serían fundamentales los 8 del bloque del mendocino José Luis Ramón, entre ellos los referentes de Misiones y Río Negro, cuyos gobernadores tienen sus demandas no tan fáciles de cumplir. Los patagónicos exigen amplias garantías para renegociar su deuda.
El poroteo se complicó más con la propuesta de los dos diputados socialistas santafesinos, Luis Contigiani y Enrique Estévez, que este miércoles exigieron la participación de un consorcio local con cooperativas de Santa Fe y no que Vicentin sea una empresa más del Estado.
El planteo no caería mal entre los diputados lavagnistas y podría llegar a la Rosada a modo de contraoferta definitiva para sancionar la ley. Pero es bastante diferente al proyecto de expropiación que se conoció intramuros, que crea un fideicomiso a cargo de YPF Agro, donde recaen los empleados de la cerealera, sin cooperativas ni pymes santafesinas pisando la planta.
En el Congreso, cada tanto, renacen recelos de gobiernos de provincias chacareras que ven poco y nada de sus rentas agroindustriales con los de los zonas petroleras que se abastecen de regalías y piden subsidios cada vez que baja el barril de petróleo. De todos modos, el gobernador Omar Perotti fue el primero en apoyar la intervención y la participación de YPF porque teme una catástrofe social si Vicentín quiebra y no quiere que recaiga en manos de capitales extranjeros. Su voz será representada por el senador Roberto Mirabella.
Tampoco hay fecha para tratar el DNU de intervención, que ya está vigente porque rige desde su publicación en el Boletín Oficial y sólo puede ser anulado por las dos Cámaras del Congreso. El oficialismo viene utilizando su mayoría en el Senado para dejarlos firmes, pero este caso no se apuró a dar ese paso.
Algunos senadores consultados por LPO no estaban muy seguros con la letra de ese decreto y creían que tarde o temprano un juez podía declarar su inconstitucionalidad, que es justamente lo que debe evaluar el Congreso cuando lo revise.
«Si la empresa está en concurso, el interventor lo designa un juez. Y no faltarán jueces que quieran defender esa posición con un fallo de primera instancia. Por eso negociar con la empresa es lo mejor», sostuvo uno de ellos ante LPO. Con esos argumentos, especulaban con que el Gobierno le pediría al juez de la quiebra ratificar sus interventores.
La única agenda parlamentaria con Vicentin, por ahora, es investigar el crédito de 18.500 millones de pesos que le otorgó el Banco Nación, nunca pagó y lo convirtió en su principal acreedor. El senador Oscar Parrilli presentó un proyecto para crear una bicameral con amplias facultades para revisar las actuaciones de las ex autoridades de esa entidad financiera, del Banco Central y de la Unidad de Información Financiera (UIF), que no controlaron sus movimientos.
Los legisladores oficialistas empezaron a acumular información para complicar a quienes quieran defender a la compañía. Apuntan que muchos créditos aprobados a Vicentín fueron en el último mes de gestión (sólo 5 mil millones en noviembre) y parte de ese dinero podría haber sido girado a cuentas en el exterior. «Era el modus operandi del macrismo», repiten.
Accedieron a un archivo de 61 páginas con los más de 2000 acreedores, el mayor de ellos el Banco Nación. Pero no falta casi ninguna institución financiera del país y muchas son estatales como el Banco Provincia ( con una deuda de 1.814.311.396,16) o el Ciudad ( 318.704.986,75).
Circulaban, además, documentos de la Cámara Electoral con aportes de la empresa por 27 millones de pesos a la campaña electoral de Mauricio Macri. Y el detalle de cómo en abril pidió cobrar el salario complementario y el Estado le pagó el 50% de los haberes a sus empleados.
Para castigar esos manejos de Vicentin si habría mayoría. El mendocino Ramón repudió el crédito incobrable del Nación sin un tuit en el que prefirió no fijar postura sobre la expropiación. Y en el comunicado de Consenso Federal, el bloque de Lavanga, aclararon que su rechazo a la expropiación no significa respaldo a sus manejos financieros.
Cambiemos omitió esos asuntos en su comunicado y por ahora no tiene una estrategia para afrontarlos. Pero su enfoque jurídico, que tuvo hasta una denuncia penal de los diputados a Alberto Fernández, levantó alarmas entre buena parte del peronsimo, que pide estudiar con mayor detalle y cautela los pasos a seguir. Tal vez los escuchen.
Fuente: LPO
