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En plena pandemia, aumentan las consultas de los argentinos para obtener la residencia en Uruguay

Días atrás, medios de ese país aseguraron que hay una ola de argentinos interesados en las medidas que podría tomar el gobierno de Luis Lacalle Pou, para atraer a los extranjeros que quieran radicarse en ese país. Infobae entrevistó a un especialista uruguayo, quien confirmó el notorio incremento en las consultas de los argentinos, reveló cuáles son sus principales inquietudes y analizó cómo se vive la pandemia.

Esta semana se conoció que el Gobierno del Presidente, Luis Lacalle Pou, estaría preparando un paquete de medidas para atraer a los extranjeros que quieran radicarse en Uruguay. La iniciativa podría ejecutarse mediante un decreto, en el que se modificarían los requisitos para obtener la residencia fiscal, de acuerdo con información del diario local, El Observador.

En plena pandemia de COVID-19 y luego de que esa posible iniciativa saliera a la luz, varios medios indicaron que se incrementaron las consultas de los argentinos al respecto. Infobae entrevistó al abogado y contador uruguayo, Carlos Ruiz Lapuente, quien confirmó este aumento en las consultas, y realizó un pormenorizado detalle acerca de los requisitos y beneficios para obtener la residencia. Además, analizó el impacto económico de la pandemia en Uruguay, tras el exitoso aislamiento voluntario que se llevó a cabo.

Carlos Ruiz Lapuente es un prestigioso abogado y contador uruguayo que se desempeña como asesor de inversiones (private banking), fundador del Estudio Ruiz Lapuente -firma uruguaya que se desempeña en el área jurídica, contable, tributaria y notarial- y de Radix Wealth Care -asesor de inversión regulado por el Banco Central del Uruguay- una empresa que se dedica al asesoramiento financiero de clientes en los principales mercados del mundo. En 2018, fue nominado como empresario del año por InfoNegocios Uruguay.

-¿Aumentaron las consultas de los argentinos para radicarse en Uruguay?

Sí. Ya habían aumentaron sustancialmente a partir de la segunda mitad de 2019, se intensificaron en el verano y, con la pandemia, se multiplicaron. En cuanto a la flexibilización de los requisitos para obtener la residencia fiscal en Uruguay y, de acuerdo a la nota publicada por el diario El Observador, puedo afirmar que, en efecto, es una idea que se viene manejando. Consistiría en disminuir el monto de inversión requerido a una suma cercana a los 500 mil dólares, contra lo que actualmente se exige: aproximadamente 1.700.000 dólares, el equivalente a 15 millones de Unidades Indexadas, unidad de medida que depende del Índice de Precios al Consumo.

Asimismo, la flexibilización de los requisitos para obtener la residencia fiscal podría guardar relación con los aspectos temporales de permanencia en el país, ya que actualmente se exige una permanencia de 183 días, u otros estándares, como lazos familiares, por ejemplo. De todos modos, no podemos informar que lo anterior sea un hecho. Aún no existe un texto formal, ni una norma que lo regule, si bien es un tema que está en agenda.

-¿Qué diferencia hay entre residencia legal y fiscal?

Son categorías independientes entre sí. La residencia legal se otorga a aquellos extranjeros que pretenden afincarse en el país, ya sea para desarrollar actividades remuneradas, o por otros intereses laborales, impositivos o personales.

Una vez iniciado y aceptado el trámite, se expide un documento llamado Cédula de Identidad, equivalente al Documento Nacional de Identidad (DNI) en la Argentina, que se obtiene luego de una diligencia especial en la que el interesado deberá acreditar el cumplimiento de determinados requisitos. El documento indicará en el reverso “Residencia en Trámite (Provisorio)”.

Luego de unos seis meses y de que el interesado aporte más información a las autoridades, se expedirá la Cédula de Identidad Permanente. A los efectos de viajar e ingresar al Uruguay en esta etapa de restricciones por la pandemia, la Cédula de Identidad Provisoria no es un documento hábil, por lo cual se deberá exhibir, además, el DNI o el documento de origen. Sin embargo, la persona puede ingresar al país por encontrarse tramitando la residencia.

La residencia fiscal es un concepto distinto que introdujo la Ley de Reforma Tributaria N° 18.083 en el año 2007. A una persona física residente fiscal uruguaya, se le aplicará el régimen tributario correspondiente basado en el criterio territorial. Pasará a tributar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), a diferencia del Impuesto a la Renta a los No Residentes (IRNR)

-¿Cuáles son las principales inquietudes de los argentinos cuando lo consultan?

En general, quienes nos consultan por la residencia legal en el Uruguay, son personas que ya han estado en el país, que lo conocen, tienen algún vínculo familiar o, incluso, alguna propiedad. Buscan calidad de vida, estabilidad política e institucional a la hora de invertir, quieren reglas claras y todos los beneficios que este país ofrece. La calidad de vida les importa mucho, pero también, averiguan por la calidad institucional a la hora de invertir, ya que Uruguay -independientemente del partido político que gobierne- tiene establecidos determinados objetivos en infraestructura a largo plazo. Hay planificación.

Quienes se asesoran por las inversiones, también lo hacen en relación a los beneficios tributarios. Nuestro país estimula la inversión. Por otro lado, otras inquietudes que me llegan tienen que ver con el sistema sanitario y la educación para sus hijos.

¿Qué beneficios se obtienen con la residencia fiscal?

Los beneficios son muchos, entre ellos, que se va a tributar de acuerdo al criterio territorial o de la fuente. En particular, no van a tributar por la titularidad de bienes inmuebles en el exterior, ni por sus ganancias derivadas del arrendamiento de esos inmuebles, o de su venta. Por otro lado, las personas físicas no van a tributar por rentas provenientes de su trabajo en el exterior, siempre y cuando dicho trabajo se haya realizado completamente afuera.

Sin embargo, en los últimos años han existido algunas perforaciones al criterio de la fuente a nivel de bienes muebles, como rentas en dinero o en especie, provenientes de depósitos, préstamos y, en general, toda colocación de capital o de crédito (distribución de utilidades provenientes de acciones radicadas en el exterior).

Asimismo, una vez obtenida la residencia fiscal, el nuevo residente goza de un régimen denominado “Tax Holiday”, por un período que comprende el ejercicio en el que se transforma en residente fiscal y los 5 años siguientes.

-Además de los argentinos, ¿de qué otros países recibe consultas?

Franceses, belgas, suizos, italianos… Ellos vienen a pasar la temporada de verano en Uruguay pero también vienen a lo largo del año y, cada vez, con más frecuencia. Al igual que los argentinos, están atraídos por los mismos beneficios tributarios que ofrece el país.

-Esta posible decisión del Gobierno uruguayo, ¿apunta sólo a atraer a personas de poder adquisitivo alto?

No. Hay dos aspectos, el relacionado con la inversión productiva que involucra a personas de poder adquisitivo importante, pero por otro lado, Uruguay necesita personas capacitadas en el ámbito científico, académico, etc.

No obstante, nuestro país tiene una densidad demográfica muy pequeña, lo cual genera un mercado interno y un consumo muy limitado. La idea es abrirnos al mundo e incrementar la población residente en Uruguay.

-¿Cómo impactó la pandemia de COVID-19 en el mercado internacional de capitales y, especialmente, en la economía de Uruguay?

En cuanto al mercado de capitales a nivel internacional, hemos asistido a la caída global de las Bolsas en términos históricos. Este proceso acentuó aún más la batalla comercial de precios entre Arabia y Rusia, lo cual llevó al desplome del precio del petróleo. Se ha generado una incertidumbre de cara al futuro. De todos modos, en lo personal y en relación a nuestros clientes de banca privada, hemos advertido una recuperación paulatina del mercado debido a que hemos identificado activos y acciones en nichos específicos, con muy buena rentabilidad a pesar de la crisis. De hecho, la semana pasada la performance de los mercados a nivel internacional ha sido muy positiva.

Sin duda, Uruguay va a sufrir las consecuencias de esta pandemia desde distintos puntos de vista. En materia laboral, algunos expertos señalan que el 80% de la población sufrirá un impacto medio, mientras que el otro 20% sufrirá un impacto mayor. De hecho, varias entidades no repondrán determinado personal: quizás, aquel del que se necesite menos mano de obra calificada, o aquellos cuyas tareas no agreguen valor.

En materia tributaria, debemos tener presente que tenemos un déficit fiscal del 5% del PBI. Si bien los guarismos son menores a diversos países de la Región, es un tema del cual nos debemos ocupar. La idea del Gobierno es no aumentar los impuestos, ni gravar con impuestos en particular al capital, porque la inversión es fundamental para poder salir de esta situación. Un incremento de la carga tributaria desincentivaría los proyectos de inversión.

Nuestro país necesita financiar, de algún modo, los enormes costos que ha traído esta crisis sanitaria. Creo que, la diferencia con los otros países de la Región, es que podemos obtener financiamiento a tasas bajas en el entorno internacional, dada la confiabilidad, estabilidad y demás incentivos que ofrece Uruguay. No debemos, ni tenemos la necesidad de financiar este déficit con emisión monetaria, ya que conocemos los efectos negativos inmediatos que produce, en particular, la inflación.

En tal sentido, debo destacar que la inflación es otro tema que nos ocupa: era de un dígito en febrero, es decir, un 8% , y subió dos dígitos, 10% en abril. Entonces, a los efectos de cuidarnos de temas inflacionarios, entiendo que debemos financiarnos con deuda pública. Hay que apuntar a reformas que mejoren la competitividad, un tema ya tratado en varias oportunidades, y eso se logra con mejoras en las infraestructuras, las cuales traen aparejada una mejora de la productividad.

Para 2021, se espera un crecimiento de la economía que algunos analistas grafican en forma de V y otros lo hacen en forma de U. Es decir, algunos consideran que habrá un crecimiento repentino, mientras que otros esperan que sea más paulatino.

-¿Cree que el impacto de la pandemia puede financiarse mediante la rebaja de los salarios públicos, incluyendo al Presidente Luis Lacalle Pou, y a los miembros del Parlamento?

A través de la Ley 19.874 se creó el Fondo Solidario COVID-19, con el objeto de atender las erogaciones producidas por la emergencia sanitaria. Dicho fondo se financia con diversas fuentes provenientes de utilidades o de rentas del Estado. No obstante, también se creó un impuesto de carácter mensual denominado “Impuesto Emergencia Sanitaria COVID-19”, que gravará, en su totalidad, las remuneraciones y prestaciones nominales, en efectivo o en especie, derivadas de servicios personales prestados al Estado en general, con una escala del 5 al 20%.

De este modo, quedan gravados los funcionarios de la Administración Central, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los Gobiernos Departamentales. Es decir, lo más interesante de esta reglamentación es que quedan gravados por este impuesto -con una tasa del 20%- las remuneraciones del Presidente y del Vicepresidente de la República, ministros, legisladores, subsecretarios de Estado, intendentes y demás funcionarios políticos como, por ejemplo, los de particular confianza.

Este gesto fue muy bien recibido por el pueblo uruguayo, dado que el primero en proponer la rebaja salarial y aplicarla fue el propio Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, brindando un auténtico ejemplo de austeridad y solidaridad en un momento tan particular.

-¿Cómo imagina la etapa post pandemia y qué perspectivas de crecimiento estima que tendrá Uruguay?

Pretendo ser realista. A nivel internacional las previsiones no son buenas. No obstante, Uruguay -dentro de América Latina- está señalado como uno de los países que puede desarrollar una rápida recuperación. De hecho, en esta semana, se advierte una reactivación a nivel comercial, con mayor circulación de personas. A modo de ejemplo y de manera progresiva, ya comenzaron las clases en el interior del país, al punto que el 29 de junio está previsto el inicio de las clases a nivel primario, secundario y universitario a nivel nacional.

Muchos restaurantes y bares ya han abierto sus puertas, cumpliendo con los respectivos protocolos sanitarios. Los shoppings reabrirán el 9 de junio, con un horario ajustado de 8 horas y un estricto protocolo.

Esta Administración ha decidido abrir las puertas a la inversión y a las personas que deseen venir a residir a Uruguay, mediante la flexibilización de trámites migratorios, como la residencia legal permanente, la residencia fiscal e incentivos tributarios. Es un país que goza de estabilidad política, de respeto a las instituciones, un Poder Judicial intachable y otros elementos atractivos para residir aquí.

Al régimen de promoción de inversiones vigente, que ya cuenta con varias exoneraciones, en estos días se le agregaron los nuevos incentivos aplicables a los proyectos de Gran Dimensión Económica. Las actividades promovidas son varias y están vinculadas a la construcción para venta o arrendamiento de inmuebles de oficinas, viviendas, urbanizaciones en terrenos de categoría rural o suburbana, incluyendo el desarrollo de infraestructura necesaria y fraccionamiento, así como el desarrollo, fraccionamiento y la construcción (total o parcial) de viviendas sobre estos terrenos.

Al referirnos a proyectos de Gran Dimensión Económica, debemos considerar la inversión en obra civil y el equipamiento de áreas comunes, que supere aproximadamente los 6 millones y medio de dólares.

-¿Cómo reaccionó el Gobierno de Luis Lacalle Pou ante la llegada de la pandemia y a sólo 12 días de haber asumido la presidencia? Las medidas tomadas ¿fueron bien recibidas por los uruguayos?

Creo que la reacción del Gobierno y las medidas adoptadas fueron muy precoces, a partir de la detección de cuatro personas infectadas y de un evento puntual: un casamiento que disparó la alarma. Incide la baja densidad de la población uruguaya y, al mismo, tiempo nuestra cultura cívica, que queda de manifiesto en el respeto a todas las instituciones, no sólo a los mandatos del Ejecutivo sino también, al Poder Judicial, a la Policía… a todas las autoridades.

Tenemos un problema por la cercanía con Brasil, el país de la Región que encabeza la mayor cantidad de casos, pero el Gobierno uruguayo ya tomó medidas en la frontera seca, incrementando el patrullaje y la cantidad de efectivos, asesorado por un comité de expertos, infectólogos y científicos de reconocimiento internacional y excelente desempeño.

El Gobierno exhortó al aislamiento voluntario y no dispuso una cuarentena obligatoria. El Presidente Lacalle Pou, en conferencia de prensa, apeló al buen criterio y a la educación cívica de los uruguayos porque ejemplicó la situación con dos perillas: una sanitaria y la otra económica. Entendió que las dos perillas no podían cerrarse al mismo tiempo, porque un grupo crítico de la economía debía seguir funcionando. Como consecuencia de lo anterior, el aislamiento voluntario fue altamente acatado por los uruguayos en más del 90 %,, permaneciendo en sus casas la mayor parte de la población.

Las personas circularon por estricta necesidad laboral, de salud o para abastecerse, pero sin delimitar distancias. El éxito de las medidas se debió, en gran parte, al excelente canal de comunicación adoptado por el Gobierno, que de manera diaria brindaba conferencias de prensa con su Gabinete, para mantener informada a la población y así continuar en forma paulatina con las sugerencias para salir de esta crisis sanitaria.

-¿Qué medidas económicas y financieras se tomaron ante la pandemia, tanto para los ciudadanos como para las empresas e industrias?

Las nuevas medidas económicas para PYMEs y empresarios tienen como objetivo mantener las fuentes de la economía a nivel de micro, pequeñas y medianas empresas, ante este impacto económico temporal, manteniendo su acceso al crédito y asegurando la cadena de pago de todos los actores. La idea era financiar a unas 80 mil empresas durante dos o tres meses.

Se tomaron en cuenta a todos los micro y pequeños empresarios que, cada mes, cumplen con sus obligaciones tributarias pero que se han visto obligados a cerrar sus comercios por la baja o la ausencia de ingresos. De este modo, contarán con una partida mensual que les permita mantener ingresos y no sufrir el impacto. Se contemplan dos categorías para unipersonales: sociedades de hecho y sociedades de responsabilidad limitada, sin dependientes y con hasta dos socios.

a) Cese de actividad (subsidio): para monotributistas, se otorga un subsidio durante los meses de abril y mayo.

b) Cese de actividad (préstamos blandos): para monotributistas, pequeñas empresas y otras actividades (como feriantes, vendedores en la vía pública, etcétera), la asistencia consiste en el otorgamiento de préstamos blandos a ser reintegrados en 24 cuotas.

c) En materia de créditos blandos a individuos, varias instituciones como microfinanzas, cooperativas y otras, han adherido al plan de refinanciamiento de deudas y nuevos créditos, con tasas menores y plazos mayores, además de períodos de gracia prolongados.

d) Extensión del seguro de paro parcial para trabajadores, a los efectos de adaptarnos a los plazos. Originariamente, habían sido concedidos hasta el 30 de abril pero luego fueron prorrogados.

-¿Cuál es la situación actual de los trabajadores y cómo es el seguro de Desempleo que rige en Uruguay?

La situación de nuestros trabajadores no deja de ser preocupante. Uruguay cuenta con el Subsidio por Desempleo, que es abonado por el Estado a aquellos trabajadores que quedan sin trabajo contra su voluntad. Los beneficiarios abarcan prácticamente a todo el espectro de los trabajadores, con algunas restricciones, por ejemplo, los que perciben una jubilación o un adelanto prejubilatorio de cualquier caja estatal o paraestatal, los que perciban otros ingresos, los despedidos por razones disciplinarias, etc.

Como contrapartida, el Estado se ve sobrecargado financieramente y esto fue lo que ocurrió por la pandemia: la utilización del Subsidio por Desempleo se incrementó exponencialmente en este período y el déficit fiscal se vio aumentado con las consecuencias negativas que representa.

Por lo tanto, esta figura conlleva un beneficio para el trabajador y para los empresarios, en detrimento de las finanzas públicas. Igualmente, se trata de un elemento social de importancia y que cubre -al menos y al inicio- un 60% del salario del trabajador.

La pandemia ha incorporado un nuevo elemento que es el Seguro por Desempleo Flexible, es decir, una persona puede trabajar part time y, el resto del tiempo, es subsidiada por el Estado.

-¿Qué opina sobre el apartamiento del Mercosur decidido por la Argentina, en cuanto a futuras negociaciones de libre comercio del grupo? ¿Cómo esa medida puede afectar el comercio con Uruguay?

Fue una noticia nos causó cierta sorpresa. Es decir, el comunicado de la Cancillería Argentina señala que dejan de participar en las negociaciones de los acuerdos comerciales en curso y de las futuras negociaciones del bloque. Ello, en virtud de que el Gobierno argentino entiende que la prioridad es la política interna en medio de la pandemia. Y agrega que el crítico estado económico del país, la recesión, la inflación y el endeudamiento en proceso de negociación precipitan esta medida, volcando sus recursos y esfuerzos a la política económica interna como prioridad.

Desde hace tiempo, Argentina no es nuestro principal socio comercial. En efecto, China es nuestro principal destino en materia de exportaciones, seguido por la Comunidad Europea y los Estados Unidos.

Nosotros decidimos no suspender las negociaciones como bloque, es decir, continuaremos celebrando acuerdos de libre comercio. Y por otra parte, si bien la Argentina ha adoptado esta actitud unilateral y coyuntural, es miembro del Mercosur y lo seguirá siendo. Así que, considero que son hechos a los que no debemos darles mayor trascendencia.

Fuente: Infobae

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