Los senadores del Frente de Todos iniciarán la semana próxima investigaciones sobre la abultada deuda externa que dejó Mauricio Macri, el acuerdo con su empresa familiar por la concesión del Correo Argentino y las denuncias por presiones para proteger a dos ex fiscales en el juicio de encubrimiento por el caso Amia.
Lo anunció el jefe de la bancada, José Mayans, durante la sesión remota que sancionó leyes para proteger a médicos y fuerzas de seguridad que combaten el coronavirus, cargada de discursos oficialistas con la agenda que se viene.
El martes a las 11 la bicameral de seguimiento y control de la deuda, que preside Mayans, se reunirá para evaluar un reciente informe del Banco Central que responsabiliza a Macri de permitir la fuga de u$s86.000 millones durante su gestión.
El organismo presidido Miguel Pesce, que al menos antes de esta publicación estaba en la mira de los senadores y no le habían aprobado el pliego, destaca que entre 2015 y 2018 ingresaron USD 100.000 millones por deuda pública, privada e inversiones especulativas y aún así Macri no soportó las sucesivas corridas bancarias y pidió un préstamo de USD 44.500 millones de dólares al FMI, el más grande de la historia, con altísimos vencimientos en el corto plazo.
Además, señala que hubo una «notable concentración en unos pocos actores» en la fuga, porque sólo 100 agentes compraron USD 24.679 millones, el 1% de las empresas adquirió USD 41.124 millones y el mismo porcentaje de personas acumuló USD 16.200.
Con estos datos, Mayans informó en la sesión que pedirá una auditoría al Banco Central a través de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que preside su compañero Mario Pais, para investigar los controles al movimiento de capitales de esos años y quienes fueron las empresas beneficiadas.
No es un reclamo nuevo: ya lo hicieron en 2018, cuando junto a su entonces jefe Miguel Pichetto quisieron saber quién había comprado dólares antes de las mayores corridas, pero esa vez no fueron escuchados.
En el informe de Pesce mencionan como herramienta principal de esas transacciones la Comunicación A 5850 de diciembre de 2015 que «eliminó el sistema de interconsulta con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)» y el «requerimiento de conformidad previo para operaciones por montos inferiores a los 2 millones de dólares». Se refiere al control de cambios que el año pasado volvieron de manera mucho más restrictiva.
«El proceso se profundizó durante 2016 y 2017, hasta plasmarse en un nuevo marco de liberalización completa que sentó las bases para un fuerte incremento de la demanda de divisas en concepto de formación de activos externos», sostiene el trabajo que debatirá la bicameral de deuda. .
En su reunión constitutiva del 12 de marzo, la última antes de la pandemia, Mayans anticipó que iba pedir información al Banco Central y chocó con Luciano Laspina, el diputado del PRO. «No se puede hablar de fugas de capital si no es un delito. Podríamos nombrar compras de dólares célebres de ex funcionarios y estaríamos afectando el buen nombre y honor», le recriminó esa vez. El coronavirus cambió la agenda, pero ahora, cerca del pico de los casos, volverá a fojas cero.
La mixta revisora de cuentas, una de las comisiones más poderosas y silenciosas del Congreso, tendrá protagonismo también para investigar el acuerdo que a poco de asumir como presidente Macri firmó con su empresa familiar por la quiebra del Correo Argentino.
En febrero de 2017 la fiscal Gabriela Boquín lo consideró abusivo y el ex presidente le pidió un informe a la Auditoría general de la Nación, aunque no tenía porqué intervenir. Aún así, sus trabajos siempre son validados o rechazados por la Mixta y no será la excepción.
«Macri nunca leyó la Constitución; sólo así se entiende que haya pedido un informe a la Auditoría», se burló Mayans y citó un informe del ex procurador del Tesoro Carlos Balbín sobre el caso Correo «que no tiene desperdicio. Dejó al presidente atado de pies y manos y lo echaron».
Como ya relató LPO, la Mixta, además, nunca aprobó una cuenta de inversión de Macri, víctima de haber sido el único presidente sin mayoría en ninguna de las dos Cámaras. Le valió retirarse sin tener avalados sus gastos por el organismo que tiene esa tarea por Constitución, motivo suficiente para que cualquier legislador detecte un movimiento sospechoso y pida su revisión.
El tercer capítulo del ataque del Senado será el judicial, un terreno en el que Cristina empezó a pisar fuerte con la denuncia sobre una supuesta mesa de operaciones que le armaba causas a ella y sus funcionarios. La presentaron legisladores afines y quedó a cargo de Daniel Rafecas, su candidato a procurador.
El miércoles, Oscar Parrilli reunirá la Comisión de Justicia del Senado para abordar la denuncia que hizo el ex titular de la Unidad Fiscal AMIA, el radical Mario Cimadevilla, sobre supuestas presiones de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti para declarar a favor de los ex fiscales José Barbaccia y Eamon Muller en la causa por encubrimiento.
Cristina estuvo muy involucrada, por haber participado en sus años de legisladora en las comisiones investigadoras del Congreso y seguir de cerca cómo se deshizo la instrucción del ex juez Juan Galeano. Cimadevilla grabó un llamado de Michetti, difundido por el portal de Horacio Verbitsky, en el que le dice haberse enterado que le fue mal «en la indagatoria con José», en alusión a Barbaccia. Y reclama explicaciones.
«Queremos saber qué pasó con la UFI Amia. Yo era amigo de (el fallecido ex canciller Héctor) Timerman y lo que más le dolió fue que lo acusaran de traición a la patria. Nos debemos una explicación. Y también qué pasó con este muchacho que estaba en los servicios y apretaba a fiscales o jueces», agregó Mayans, en clara referencia al retirado Jaime Stiuso.
La investigación de los espías está a cargo de la bicameral de control de organismos de inteligencia, otra de las cuevas misteriosas del Congreso, que integra también Parrilli. En una rueda de prensa posterior a la sesión, en el Salón de Pasos perdidos, el ex canciller y ahora senador del Frente de Todos Jorge Taiana ratificó las peleas que prepara su bloque.
«En la era Macri hubo dos desplazamientos a investigar: el de Cimadevilla y el de Bablín. Y hay que hacer que la justicia actúe con independencia y determine si hubo delito. Los materiales que aparezcan tienen que estar disponibles», reclamó.
Fuente: LaPolíticaOnLine
