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Oposición: el radicalismo propone que se consideren nulos a los DNU que no sean aprobados por las dos cámaras del Congreso

El proyecto, impulsado por el legislador Alejandro Cacace, también estipula que exista un plazo máximo de 60 días para que sean revisados.

Diputados nacionales del radicalismo presentaron este martes un proyecto de ley para modificar el tratamiento que se le da a los Decretos de Necesidad y Urgencia que emite el Poder Ejecutivo.

Proponen un plazo de 60 días para que sean avalados o rechazados, y que sean ambas cámaras del Congreso Nacional las que se pronuncien al respecto.

Así, si un DNU es rechazado por alguna de las cámaras o no es aprobado en forma expresa por senadores y diputados dentro del plazo de 60 días corridos desde la fecha de su dictado será considerado “nulo de nulidad absoluta desde la fecha de su emisión”.

Actualmente, existe la denominada “sanción ficta”, que estipula que la aprobación de sólo uno de los cuerpos o falta de rechazo de ambos es suficiente para convalidar el DNU. Por este motivo, el proyecto de ley sostiene que deberán ser ambas cámaras del Congreso las que se pronuncien para darle validez a los decretos del Poder Ejecutivo.

Además, el proyecto señala que una vez rechazado un decreto de necesidad y urgencia o un decreto delegado por el Congreso, “el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro sustancialmente análogo mientras no se modifiquen las circunstancias que tuvo en cuenta el Congreso para decidir el rechazo”.

“Es necesario que se respete la Constitución y que el Poder Legislativo pueda analizar y validar los decretos presidenciales, evitando la concentración del poder”, aseguró el diputado Alejandro Cacace (UCR – San Luis), impulsor del proyecto de ley.

A su vez, explicó que el proyecto presentado “elimina el procedimiento establecido en la Ley 26.122, por ser flagrantemente inconstitucional y violatorio del artículo 82 de la Constitución”.

El texto lleva las firmas de los legisladores radicales Ximena García (Santa Fe), Gustavo Menna (Chubut), Lidia Ascarate (Tucumán), Estela Regidor (Corrientes), Álvaro de Lamadrid (CABA), Gabriela Lena (Entre Ríos), Virginia Cornejo (Salta), Jorge Enríquez (CABA), Diego Mestre (Córdoba), José Riccardo (San Luis) y Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica(Buenos Aires).

Ayer, la vicepresidenta Cristina Kirchner convocó a una sesión virtual del Senado para el próximo miércoles 13 de mayo en la que, entre otras cosas, se tratarán una veintena de decretos de necesidad y urgencia del Presidente, todos vinculados con la pandemia.

La falta de sesiones en Diputados y Senadores a causa de la emergencia económica fue aceptada por la oposición durante las primeras semanas de la cuarentena pero rápidamente se convirtió en un punto de conflicto con el oficialismo.

Ante la sucesión de decretos firmados por Alberto Fernández, como el aislamiento social y obligatorio, el cierre de fronteras, el pago de bonos especiales y aumentos jubilatorios, la oposición reclamó en duros términos la reapertura del Congreso para poder ejercer su función de control frente al Ejecutivo.

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