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Marcela Losardo: “A mí no me gusta que salgan los asesinos y los violadores a la calle”.

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, se refirió a la polémica ola de liberaciones de presos que bajo la excusa del coronavirus presentan recursos para volver a sus casas. En esas nóminas, hay violadores, asesinos y personas condenadas por delitos graves que debería cumplir sus penas en la cárcel.

“A mí no me gusta que salgan los asesinos y los violadores a la calle. Y al presidente tampoco. Somos gente de criterio, somos gente que conocemos el derecho y entendemos lo que les pasa a las víctimas”, planteó la funcionaria en declaraciones a radio Mitre.

Pese a ello, solicitó no “magnificar las cosas” e informó que desde el 1° de marzo hasta el 21 de abril hubo 320 presos que recibieron distintos beneficio en virtud de la emergencia sanitaria dispuesta por la pandemia de coronavirus.

Losardo explicó que de esas 320 personas que las define el Poder Judicial, desde el Servicio Penitenciario Federal solicitaron las listas de todos los detenidos con sus características: delitos no violentos, de escasa agresividad, personas condenadas a no más de tres años, que estén en condición de salir, o de tener la libertad condicional o libertad asistidas, mujeres embarazadas o encarceladas con hijos, dando cumplimiento a la ley de protección de víctimas.

Al ser consultada por casos puntuales, como el del represor de la ESMA que fue beneficiado con domiciliaria o el del violador al que le autorizaron residir a metros de su víctima, Losardo contestó: “Hay que ver cada situación en particular y hacerle estas preguntas a la persona que tomó la decisión, pero no le preguntemos al Presidente o a los miembros del Poder Ejecutivo”.

Ayer, Alberto Fernández se había expresado en el mismo sentido y había responsabilizado a los magistrados por la situación. No obstante, en las últimas horas creció el rechazo generalizado de la población y esta noche habrá un cacerolazo nacional contra los jueces sacapresos.

Uno de los antecedentes que más indignación provocó es el fallo firmado por Víctor Violini, que habilitó la salida inmediata de 700 delincuentes y posibilitó que un universo de 2300 presidarios pidieran un tratamiento similar.

“No quiero hablar de un magistrado en especial porque respeto la independencia del Poder Judicial, además no vi la causa. No sé por qué salieron en esa cantidad, no sé si fueron evaluados o no. Eso lo debe responder el juez que dictó la resolución”, contestó Losardo.

En este sentido, la ministra recordó que el Poder Ejecutivo no puede ni detener, ni meter preso ni sacar preso a nadie. “Todos entendemos que hay situaciones de gente detenida que según lo que defina el Poder Judicial pueden cumplir su condena en un arresto domiciliario. Son decisiones que no podemos juzgar nosotros. Lo que sí podemos hacer es ayudar al Poder Judicial de alguna manera mediante tobilleras”, explicó la ministra y aclaró que “hay dispositivos” para el monitoreo.

“Alberto Fernández no es un presidente que esté pensando en liberar presos”, insistió Losardo y aclaro que otros países también están tomando esta decisión, siguiendo las recomendaciones de la OMS. “En Brasil directamente fueron liberados 4 mil y 8 mil en España”, añadió la funcionaria y reiteró las palabras del Presidente: “Nosotros no vamos a indultar ni tomar otra medida desde el Poder Ejecutivo”.

Respecto a las decisiones de Violini, la ministra reiteró que es un tema judicial en el que tienen que ser muy cautelosos los jueces. “Muchos lo son y otros no, algunos se equivocarán y tendrán que responder por eso”, afirmó.

Al se consultada por Carlos Capdevila, uno de los médicos que llevaron a cabo los partos clandestinos en la ESMA, y fue liberado bajo el argumento de la pandemia, Losardo insistió: “Sale de la órbita de lo que debería ser, pero hay que ver cada caso en particular. Esa pregunta debe hacerse a la persona que toma esa decisión. No le preguntemos por todos los casos al Presidente o a miembros del Poder Ejecutivo, preguntemos a los jueces”.

Losardo se refirió también a la decisión de la secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla, quien a pedido del ex secretario de Transporte kichnerista, Ricardo Jaime, apoyó la solicitud de prisión domiciliaria del ex funcionario condenado por corrupción.

“En el caso de Pietragalla es sobre un amicus curiae que él presentó. Este tipo de acciones es aportar al tribunal argumentos u opiniones que pueden ser un elemento de juicio para resolver una causa determinada. La decisión sobre si se admite el amicus curia es una decisión del tribunal. Dentro de las acciones de competencia que tiene la Secretaría de DDHH, se encuentra la posibilidad de presentar este tipo de recursos, esto lo plantea la ley de ministerios”, explicó.

Losardo añadió que “es una decisión que no requiere de la anuencia del ministro porque el secretario tiene autonomía para realizar dicha presentación” y reiteró que “quién decide esto es el Poder Judicial. De hecho se lo negaron”, concluyó.

Finalmente, la ministra negó que haya algún tipo de interna en el Ministerio de Justicia con sectores cristinistas. “Nosotros no tenemos ninguna crisis, trabajamos (todos) conjuntamente. No creo que haya ninguna situación que haya colocado ni al Presidente ni a mi, ni que afecte mi trabajo diario. Podemos tener distintas miradas, venimos de distintos lugares, pero todos seguimos la línea del Presidente”, concluyó.

Fuente: Infobae

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