Un estudio de la Federación de Inquilinos Nacional indagó en la situación de los alquileres y el efecto que provoca el aislamiento por el coronavirus. La encuesta dio a conocer que más del 40% de los inquilinos no puede costear el mes de abril.
Los datos
La encuesta realizada por la Federación de Inquilinos Nacional concluyó que 41,9% de las personas que alquilan no pudieron pagar abril por la pérdida de ingresos en su trabajo debido a la cuarentena obligatoria. Además, se conoció que el 58,4% tiene menos ingresos que en marzo. También, en el 34.1% de los hogares hay un miembro que perdió el trabajo o no tiene ninguna entrada de dinero desde que rige, en Argentina, el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
En el estudio se relevaron 8 mil casos en todo el país y se demostró la difícil situación para las personas que alquilan un lugar para vivir. A esto hay que sumarle, que el 51% de los encuestados que tienen que pagar alquileres, además, no recibieron el CBU para realizar transferencia bancaria. Cabe recordar, que el 29 de marzo, el Gobierno nacional decretó varias medidas en relación a los inquilinos. Entre otras cosas, suspendió los desalojos y prorrogó todos los contratos hasta el 30 de septiembre; congeló los alquileres con los valores de marzo de 2020, y obligó a los propietarios a proveer una cuenta bancaria para realizar las transferencias.
La federación de inquilinos se expresó sobre esta realidad
El presidente de la Federación de Inquilinos, Gervasio Muñoz, aseguró que la crisis sanitaria “deja en evidencia el abandono y la precariedad que existe en torno a este tema, que afecta a 9 millones de personas, que es la cantidad de inquilinos que se estima que hay en la Argentina. De hecho, motorizamos esta encuesta con todos nuestros representantes en todo el país, en muy pocos días, y estamos desbordados de consultas. Hay mucha angustia. Ya los aumentos semestrales de entre el 18% y el 20% venían siendo insostenibles para las familias”.
Desde la Federación también reclamaron sanciones a las inmobiliarias que no cumplan con el Decreto, y atribuyen la irregularidad a que las inmobiliarias tienen la mayor parte de sus contratos «en negro».
