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Sigue el juicio a Jonathan Fabbro por abuso sexual a su ahijada.

El jugador llegó desde el penal de Marcos Paz al TOC Nº12 para la segunda audiencia del proceso en su contra.

Esta mañana, el futbolista Jonathan Fabbro llegó desde el penal de Marcos Paz en un móvil del Servicio Penitenciario Federal al Tribunal Oral Criminal Nº12, ubicado en calle Lavalle al 1100 para continuar el juicio en su contra, acusado de violar a su ahijada durante cinco años.

Se trata de una imputación de abuso con acceso carnal agravado y corrupción de menores con un procesamiento confirmado por la Sala VII de la Cámara Correccional y Criminal.

Es la segunda jornada del proceso integrado por los jueces Luis Oscar Márquez, Claudia Moscato y Darío Medina, luego de que declararan una decena de testigos propuestos por el fiscal de juicio Gustavo Gerlero y el abogado querellante Gastón Marano.

Entre ellos, estuvieron los padres de la víctima, que tuvieron un vínculo de años con el jugador.

Hoy es el turno de los testigos de la defensa, a cargo del abogado Federico Albano. Entre ellos están Martha Zabala, madre del jugador, sus hermanos Anabel y Pablo y su pareja, Larissa Riquelme.

Las evaluaciones a las pericias psicológicas a la menor realizadas en el Cuerpo Médico Forense que ya estaban disponibles en septiembre de 2017 aseguraban que no existían elementos de fabulación en su relato y que existía daño compatible con un abuso sexual.

Pablo Miguel Fabbro fue detenido en 2013 por supuestamente participar de un intento de robo en Villa Devoto mientras su hermano jugaba en Cerro Porteño.

La niña, hoy de siete años, declaró en una pericia psicológica a cargo del Ministerio Público paraguayo que el futbolista le dijo “que le duele su pilín y que baje a chuparle”, según consta en documentos del expediente.

La madre de Fabbro, su hermana y Riquelme ya habían sido vistas en la plaza frente al edificio del TOC Nº12: fue en mayo de 2018, mientras Fabbro era indagado tras ser extraditado desde México luego de su captura a cargo de Interpol, donde hicieron declaraciones a varios móviles de televisión.

Ese mismo mes, el juez en lo civil Ramiro Santo Fare firmó un bozal legal contra las tres mujeres que les impedía hablar sobre la menor víctima o dar cualquier detalle sobre su identidad.

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